Pasar al contenido principal

Aranzadi

Distribuir contenido
Actualizado: hace 1 año 18 semanas

La Fiscalía no ve delito en Fernández Díaz pero ordena investigar a De Alfonso por revelación de secretos

Vie, 07/15/2016 - 07:54

15 de julio de 2016

Se remiten a la Fiscalía de Madrid actuaciones por revelación de secretos y a la de Barcelona por malversación

La Fiscalía del Tribunal Supremo no ve delito alguno en la actuación del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en relación con el contenido de las conversaciones que mantuvo en su despacho ministerial con el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.

No obstante, encomienda a las Fiscalías de Madrid y Barcelona que valoren si pudieron cometerse delitos de revelación de secretos y malversación de caudales públicos en relación con estos hechos por parte de De Alfonso, que es una persona no aforada y sobre la que por tanto carece de competencia.

Así consta en una nota de prensa remitida este jueves por la Fiscalía General del Estado que se refiere a las denuncias presentadas por ERC y Catalunya Sí que es Pot contra el ministro y el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña.

Concretamente, la Fiscalía del Supremo ha valorado que, en relación con las denuncias contra el ministro, único aforado ante este órgano, que "del contenido de las conversaciones no se desprenden indicios suficientes para iniciar una investigación penal por preconstitución falsa de pruebas, prevaricación administrativa ni por los restantes tipos penales" por los que Fernández Díaz fue denunciado por ERC.

División de las actuaciones

A partir de ahí, y aludiendo a "hechos denunciados relativos a personas no aforadas" como lo es De Alfonso, la Fiscalía General del Estado ha derivado parte de las actuaciones a la Fiscalía Provincial de Madrid y otra parte a la de Barcelona.

A la primera le corresponderá valorar si existió delito de revelación de secretos, mientras que el Ministerio Público catalán deberá investigar "una posible malversación de caudales públicos".

El Ministerio Público se pronuncia de este modo sobre las denuncias que interpusieron ERC, PSC y Catalunya Sí que es Pot tras la publicación de la conversación mantenida entre el ministro del Interior y De Alfonso. En concreto, ERC presentó una querella en la Fiscalía de Barcelona --que posteriormente fue remitida al Tribunal Supremo-- contra los dos interlocutores en la que denunciaba que ambos tenían intención de desprestigiar a la formación catalana.

Además, la candidatura de Catalunya Sí que es Pot registró una denuncia ante la Fiscalía contra ambos al considerar que, en el caso del ministro del Interior había incurrido en delitos de "prevaricación mediata o, si es el caso, de partícipe a título de 'extraneus", es decir, que respondería de los hechos como inductor o cooperado necesario o bien como simple cómplice.

En el caso de De Alfonso le acusaban de un delito de prevaricación administrativa por cursar instrucciones o dictar resoluciones de inicio, impulso, paralización o concatenación de actuaciones con el fin de perjudicar a una persona, para menoscabar su crédito u honorabilidad.

También creía que debía ser objeto de investigación por ese delito si De Alfonso aceptó instrucción de otra autoridad --el ministro-- contraviniendo la ley de la Oac que aclara que su director "no recibe instrucción de ninguna autoridad en el ejercicio de sus acciones". Además, considera que ha cometido delito de revelación de secretos, ya que la ley el organismo configura legalmente "el deber de secreto", y no ve que sea lícito el contenido de la grabación.

La grabación, en manos de la fiscalía

La conversaciones, que tuvieron lugar entre el 2 y el 16 de octubre de 2014 y en las que, entre otros temas hablan de posibles elementos incriminatorios contra determinadas personas que la Oac podía estar investigando, obran en manos de la Fiscalía después de que el diario 'Público', las entregara el pasado 30 de junio.

El medio hizo entrega en un 'pen drive' de los archivos de audio y remitieron un escrito en el que detallaban que dichos audios llegaron a la redacción del periódico de forma anónima y que entregaban todo este material "por si procediera realizar de oficio algún tipo de actuación o diligencia, sin hacer valoración jurídica alguna sobre su objeto y contenido

En estas conversaciones se escucha a Fernández Díaz y a De Alfonso discutiendo sobre cómo encontrar algún dato comprometedor sobre algunos líderes nacionalistas catalanes en torno a la celebración de la consulta catalana del 9 de noviembre, según publicó en su día el diario digital Público, que tuvo acceso a las grabaciones.

Entre ellos se encuentran el líder de ERC, Oriol Junqueras, el dirigente de CDC, Felip Puig y el líder de CDC en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs.

Otro de los nombres que salieron en las charlas fue el del ex alcalde de Barcelona Xavier Trías al que presuntamente le atribuyeron un delito de blanqueo a través de una cuenta en Suiza.

Por su parte, el PSC presentó en un juzgado de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) una querella por presuntas calumnias contra De Alfonso alegando que apuntó al partido como responsable de la "filtración" de sus conversaciones con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

En la denuncia, el partido consideró que "sin ninguna prueba" el que fuera director de la Oficina Antifraude de Cataluña "concluyó y relacionó" que la investigación de la Oac sobre presunta financiación ilegal del PSC pudo llevar a éste a filtrar las conversaciones recientemente publicadas.

El Consejo General del Poder Judicial convoca los Premios Calidad de la Justicia 2016

Vie, 07/15/2016 - 07:53

15 de julio de 2016

Los galardones reconocen a proyectos encaminados a conseguir una Justicia más eficaz, más transparente y más accesible

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy convocar una nueva edición de los Premios Calidad de la Justicia, que cada año reconocen y distinguen a órganos y oficinas judiciales y otros organismos relacionados con la Administración de Justicia que hayan destacado por sus actividades de mejor de la calidad del servicio público y por la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos mediante buenas prácticas de gestión.

Los premios, que se crearon en 2009 y que se concedieron por primera vez el año siguiente, se otorgan en tres modalidades: experiencia para conseguir una Justicia más eficaz, experiencia para conseguir una Justicia más transparente y experiencia para conseguir una Justicia más accesible.

Cada una de las modalidades tiene dos categorías: una dedicada a órganos u oficinas judiciales y otra que comprende a las demás entidades u organismos destinados con la Administración de Justicia.

Los interesados en la convocatoria tendrán de plazo hasta el próximo 20 de septiembre para presentar una memoria justificativa en la que se describa el proyecto, se expongan sus resultados y se explique la innovación que supone, que podrán remitir por correo ordinario -a la siguiente dirección: calle Marqués de la Ensenada, 8 . 28071 Madrid- o por correo electrónico a premioscalidadjusticia@cgpj.es 

El jurado estará integrado por los vocales del CGPJ Gerardo Martínez Tristán -que lo preside-, Mar Cabrejas y Juan Martínez Moya y por un representante de cada una de las siguientes profesiones jurídicas: abogado, procurador, fiscal, letrado de la Administración de Justicia y graduado social.

En la edición de 2015, los órganos y oficinas judiciales premiados fueron el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Valencia, los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, la Audiencia Provincial de Castellón y el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Por su parte, los organismos relacionados con la Administración de Justicia galardonados fueron la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española, la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia de la Generalitat de Catalunya, el Gobierno de Canarias; la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta de Galicia; y la empresa Logisman Aragón S.L.

Condenan a pagar 420.000 euros a los padres de una niña que murió tras ser operada de apendicitis

Jue, 07/14/2016 - 07:46

14 de julio de 2016

El titular del Juzgado de Instrucción 16 de Madrid ha condenado a la aseguradora del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva a pagar 420.000 euros a los padres de una niña de ocho años de edad que ingresó en el citado centro hospitalario el 24 de diciembre de 2005 aquejada de una apendicitis y que falleció tres días después a causa de una mortal infección.

Estos padres reclamaron por vía civil esta cantidad, 220.000 por intereses de demora y otros 200.000 por la indemnización impuesta por el juez. Ahora el Juzgado cree que hubo negligencia por parte de los médicos "por no haber administrado profilaxis antibiótica que, según todos los informes médicos, era necesaria" y señala también la ausencia de consentimiento informado, ya que el existente "solo se refiere a la anestesia con breve referencia a la intervención".

En este sentido, la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y que es recurrible en apelación ante la Audiencia de Madrid, apunta que el consentimiento "recoge de forma genérica, sin concreción alguna, como riesgos más importantes por las circunstancias del paciente, las complicaciones recogidas en el consentimiento informado de la anestesia".

A su juicio, se trata de un consentimiento "insuficiente e inexistente dado que nada especifica sobre los riesgos de dicha operación de apendicitis", toda vez que el médico forense considera que debería recoger la posibilidad de peritonitis.

El juez recuerda que el propio perito de la demandada reconoce en el acto del juicio que "se incumplió el protocolo del hospital al no administrar antibióticos", a lo que añade que la negligencia médica viene determinada por "un error en el diagnóstico y por una desviación del protocolo a seguir constituyendo ello una mala praxis".

Este caso ya está cerrado por la vía penal desde abril de 2014 cuando la Audiencia Provincial de Huelva absolvió al cirujano y a la pediatra del citado hospital, que fueron condenados el año anterior por el Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva a un año y medio de prisión y a tres años de inhabilitación, así como al pago conjunta y solidariamente de 200.000 como responsabilidad civil, por un delito de homicidio por imprudencia, tras la muerte de esta niña.

Sin embargo dos años después, concretamente el pasado mes de abril, el Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid celebró esta vista oral por la reclamación de esta indemnización, después de que la aseguradora le abonara 88.000 euros al considerar la muerte como accidente de tráfico, pero finalmente el juez considera que hubo negligencia.

El Tribunal Supremo condena a un año prisión a una joven por humillar a través de twitter a Irene Villa y a Miguel Ángel Blanco

Jue, 07/14/2016 - 07:43

14 de julio de 2016

Los magistrados rebajan en un año la pena de cárcel que le impuso la Audiencia Nacional al estimar parcialmente el recurso que interpuso la acusada basado en la desproporción de la condena

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a un año de prisión a una joven por un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas cometido al difundir a través de twitter, bajo el perfil de ‘Madame guillotine', mensajes que atentaron a la dignidad de Irene Villa y Miguel Ángel Blanco. Los magistrados rebajan de 2 a 1 año de prisión la pena que le impuso la Audiencia Nacional al estimar parcialmente el recurso de casación interpuesto por la acusada, acogiendo el motivo en el que alegaba la desproporción de la condena.

Según los hechos probados, la joven, nacida en 1991, publicó comentarios y expresiones desde su perfil de Twitter, donde tenía 790 seguidores, con el fin de denigrar la memoria de la víctima de la organización terrorista ETA, Miguel Ángel Blanco, y despreciar a Irene Villa, víctima también de un atentado, así como ensalzar las actividades de miembros de la citada organización.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Julián Sánchez Melgar, considera que las expresiones se enmarcan dentro del discurso del odio que no están protegidas por la libertad ideológica o de expresión. Añade que no se trata de criminalizar opiniones discrepantes sino de combatir actuaciones dirigidas a la promoción pública de quienes ocasionan un grave quebranto en el régimen de libertades y daño en la paz de la comunidad con sus actos criminales, atentando contra el sistema democrático establecido. Asimismo, indica que la humillación o desprecio a las víctimas afecta directamente a su honor y a su dignidad, perpetuando su victimización, que es actualizada a través de esa conducta.

Humor negro y burla

La Sala Segunda concluye que "no se penaliza el chiste fácil o de mal gusto, sino que una de las facetas de la humillación consiste en la burla, que no está recreada en este caso con chistes macabros con un sujeto pasivo indeterminado, sino un bien concreto y referido a unas personas a quien se identifica con su nombre y apellidos.

En este caso, subraya la sentencia, se cumple el requisito objetivo del delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, tanto por las acciones en alabanza de terrorismo (Viva ETA o la "Lucha es el único camino. Dale duro hasta ganar") como en las expresiones relativas a la humillación de las víctimas, focalizadas en Irene Villa o en Miguel Ángel Blanco.

Para el Tribunal Supremo, las expresiones "¿Cómo monta Irene Villa a caballo? Con velcro", "¿De qué tiene la frente morada Irene Villa? De llamar a las puertas", otras como "¿En qué se parece Miguel Ángel Blanco a un delfín? En el agujero de la nuca", "¿Qué le regalarán al sobrino de Miguel Ángel Blanco por Navidades? Un tiovivo" son "incuestionablemente constitutivas del concepto de humillación a las víctimas.

También concurre el elemento subjetivo del delito porque "la difusión de tales expresiones son consecuencia del conocimiento de lo que se transmite, y que lo que se transmite es una ofensa pública a víctimas del terrorismo, debe deducirse del talante cultural de quien lo ha escrito y enviado a la red a través de su cuenta de twitter".

Pena proporcionada condiciones personales acusada

De los diferentes motivos alegados en el recurso de casación, la Sala de lo Penal estima el relativo a la desproporción de la pena y acuerda establecer una más proporcionada a las condiciones personales de la acusada: una joven estudiante en el momento de los hechos. En este tipo de delitos, subraya la sentencia, "ha de ponderarse no solo en función de las expresiones que conforman el tipo objetivo del delito, sino sustancialmente con base en la personalidad y en este caso juventud de la autora de la infracción criminal, cuyo comportamiento debe condenarse, siendo así que deberá proclamarse en este tipo de acciones un ejercicio de ciudadanía responsable".