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XI Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita Abogacía Española- Wolters Kluwer

La inversión en Justicia Gratuita en Galicia en 2016 alcanza los 9,4 millones de euros, un 16% menos que en 2011

La retribución media del abogado de oficio no llega a 135 euros por expediente

El coste de la Justicia Gratuita por ciudadano es de 5,13 euros por año

640.000 solicitudes tramitadas gracias al Expediente Electrónico de la Abogacía

Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia son las autonomías con mayor inversión en Justicia Gratuita

La inversión destinada por Galicia al Servicio de Justicia Gratuita en 2016 fue de 9,4 millones de euros. La Asistencia Jurídica Gratuita en esta comunidad autónoma es 1,8 millones inferior a 2011 cuando la inversión fue de 11,2 millones de euros; lo que supone una reducción del 16,3% en cinco años.

La inversión total destinada en toda España por las Administraciones Públicas a la Asistencia Jurídica Gratuita ha alcanzado durante 2016 los 238,9 millones de euros, lo que supone un incremento del 5% con respecto a 2015, cuando se invirtieron 227 millones de euros en este servicio fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Esta recuperación de costes se produce después de varios años de disminución de las inversiones en Justicia Gratuita que han pasado de 254,5 millones de euros en 2011 a 238,9 de 2016 con un descenso en cinco años superior al 6% y una reducción de 16 millones de euros.

Cabe destacar que el incremento con respecto a 2015 se ha debido principalmente a la recuperación parcial de los duros recortes efectuados en los últimos años en los baremos que perciben los abogados, especialmente en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana –que en algunos casos llegaron a ser del 40 por ciento-, así como a la mayor inversión destinada al Servicio de Violencia de Género con 8,5 millones de euros y un aumento del 11,8% en 2016. Este servicio fundamental para defender los derechos de las mujeres que han sufrido la violencia machista es el único que ha aumentado su financiación en cinco años, pasando de los 7,9 millones de euros en 2011 a los 8,5 millones en 2016 con un incremento del 7% en este periodo.

Hay que recordar, además, que algunos baremos –por ejemplo en el territorio común, que depende del Ministerio de Justicia- no se han modificado desde hace veinte años, con la consiguiente devaluación real de los mismos.

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