El Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado su satisfacción por el procedimiento de Real Decreto Ley, aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del Departamento de Justicia, para derogar las tasas judiciales a todos los ciudadanos, en todos los órdenes jurisdiccionales e instancias judiciales. Esta satisfacción es parcial porque no extiende la derogación de las tasas también a las pymes, lo que repararía plenamente la injusticia y contribuiría a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.
La medida aprobada por el Gobierno es una victoria de los ciudadanos y de la Abogacía que durante tres años ha encabezado el clamor social y la batalla contra las tasas junto a todos los operadores jurídicos, partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones de consumidores y asociaciones y colectivos de abogados. Gracias a esta presión social se ha conseguido que la Ley de Tasas haya sido modificada en dos ocasiones -esta última vez para que los ciudadanos no paguen este tributo- por el mismo Gobierno que puso en marcha la norma. Se pone fin así a la agonía de miles de ciudadanos que –hasta hoy mismo- han visto limitado su derecho de acceso a la Justicia durante más de dos años, sin que, además, el dinero recaudado, en contra de lo comprometido por el Gobierno, se haya destinado a mejorar el servicio público de la Justicia Gratuita.
La Abogacía manifiesta su compromiso de seguir luchando para extender esta medida a las pymes y continuar reclamando diálogo y consenso para alcanzar los cambios necesarios en la Justicia.